Divorcio o separación, ¿es justo establecer una pensión compensatoria?

La pensión compensatoria se diseñó como un mecanismo que valorase el tiempo dedicado por uno de los cónyuges (generalmente la mujer) a la atención del hogar y los hijos. Al producirse la separación o el divorcio en este tipo de matrimonios, que además solían tener una duración prolongada, era muy difícil que esa persona pudiera acceder al mercado laboral, debido a que había sacrificado la posibilidad de formarse y ejercer su carrera profesional por la dedicación familiar a jornada completa.

Las relaciones de pareja han evolucionado mucho y ya es habitual que tanto el marido como la mujer ejerzan alguna actividad laboral. Por este motivo, sin llegar a eliminar la institución jurídica de la pensión compensatoria, nuestros tribunales han ido disminuyendo poco a poco tanto el importe como el plazo durante el cual ha de abonarse esta pensión, basándose para ello sobre todo en la cualificación profesional de los cónyuges, las probabilidades de acceso a un empleo y la dedicación pasada y futura a la familia.

Por lo tanto, no es de extrañar que debido al cambio que ha tenido lugar en el concepto de matrimonio desde hace unos años hasta hoy, las pensiones compensatorias se estén viendo reducidas considerablemente tanto en lo que a cuantía como a duración se refiere, en aras de adaptar esta institución jurídica a los tiempos actuales. No obstante lo anterior, es necesario estudiar las circunstancias de cada asunto concreto puesto que pueden existir casos en los que se justifique el establecimiento de una pensión compensatoria por mayor importe y duración, y otros casos en los que se deniegue el otorgamiento de la pensión, porque pudiendo hacerlo, el cónyuge ha rechazado incorporarse al mercado laboral.

Desde nuestro despacho recomendamos intentar acercar posiciones para llegar a un acuerdo en el establecimiento o no de la pensión compensatoria puesto que acudir a los tribunales para resolver este tipo de asuntos suele provocar mayor desgaste en las relaciones personales entre las partes y un incremento importante de los gastos del procedimiento.


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